Crecimiento modesto, pero no crisis

Andrés Sanfuentes

Cuando las palabras se usan impropiamente, pueden generar efectos indeseables. Esto pasa a veces en el periodismo, pero también en la política. Es lo que está ocurriendo con el uso de la palabra crisis para describir lo que sucede con la situación económica del país.

Olivier Blanchard dice que a pesar que no existe una definición unánime, la mayoría de los economistas utiliza el término crisis para referirse a un largo período de crecimiento bajo o nulo, situación que no ocurre en Chile. En efecto, el PIB creció en 2014 en el 1,9% y la estimación del Banco Central para 2015 llega a 2,25% a 3,25%, es decir, mediocre, pero no hay una disminución de la actividad productiva. El Banco Central, en el último IPoM, afirmó que "la actividad y la demanda siguen creciendo a un ritmo moderado" y agregó que "en el primer trimestre, la actividad y la demanda interna tuvieron crecimientos anuales levemente superiores a los previstos en marzo".

Desde un punto de vista macroeconómico, Chile es un país sólido, pues sus bases están consolidadas: regla fiscal aceptada, integrado al mundo, comercio exterior competitivo, inflación moderada y mercados financieros estables. Las causas de este crecimiento reducido son complejas y mezclan elementos cíclicos como tendenciales. Entre los primeros cabe recordar que ya en la última etapa del gobierno de Piñera se notó una clara desaceleración de la actividad productiva, a lo cual se agregó una caída de la demanda externa, en especial la caída del precio del cobre y del dinamismo en los países emergentes.

La inversión ya venía en un proceso de desaceleración, ya que la formación bruta de capital fijo solo aumentó 2,1% en 2013 y disminuyó 6,1% en 2014; en este último año también influyó el clima político generado por las reformas del Gobierno de Bachelet que, si bien tenían el respaldo ciudadano y eran necesarias, fueron menoscabadas por "la retroexcavadora", torpezas bien aprovechadas por la oposición.

Las tendencias de largo plazo son las más importantes para explicar el modesto crecimiento de los últimos años y las dificultades para recuperar aumentos de más del 5% del PIB, como ocurrieron el decenio anterior. Un indicador apropiado es que la mejoría de la productividad promedio de los últimos diez años se acerca al 0%.

Progresivamente, Chile ha ido acumulando serios problemas sin la capacidad de enfrentarlos y menos resolverlos, contribuyendo al actual deterioro de la institucionalidad y la clase política. Entre ellos, la modernización del Estado, en la cual la institucionalidad no se ha adecuado a las actuales exigencias del progreso actual y del cambio.

El listado de trabas al desarrollo económico y social es extenso y debe iniciarse con la ostensible desigualdad existente, no solo en la distribución del ingreso sino de las oportunidades, el clasismo, el racismo y la discriminación social, que no han sido atenuados mediante el progreso logrado en otros indicadores.

La concentración productiva no ha contribuido al progreso y a los aumentos en la productividad, agravada por el descuido al papel de las Pymes, en especial después del abandono del incipiente fomento de las cadenas productivas ("clusters"). Se suma el deterioro energético del país, que afecta a la capacidad competitiva nacional. El retraso en la regionalización así como en la política de concesiones son otras trabas al dinamismo. Las políticas sociales también deben sumarse a los escollos, como lo demuestran los atrasos ostensibles en la educación, la salud, la cultura y la protección del medio ambiente. Otra debilidad está en los gremios empresariales que, ante la debilidad de la oposición política, han ido asumiendo esa función antagónica, lo cual le quita la posibilidad de una tarea de colaboración que contribuyó al éxito del país hace algunos lustros. No les corresponde, pues como no postulan al Gobierno, no pueden ser la oposición política.

En la medida que el país continúe evadiendo enfrentar estas trabas será difícil alcanzar el desarrollo y caerá en la mediocridad, en especial cuando los valores que priman son los derechos, que no están acompañados por los deberes ciudadanos.